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Los nuevos datos oficiales revelan que el hambre en el Perú no puede explicarse únicamente mediante la pobreza monetaria. Al cierre de 2025, el 30.5% de la población enfrentó algún nivel de inseguridad alimentaria y más de un millón de personas atravesó sus formas más severas. El país ya dispone de un diagnóstico más preciso; el desafío pendiente es convertir esa información en decisiones públicas.
Durante décadas, el debate sobre el bienestar de los peruanos se concentró principalmente en la pobreza monetaria. El ingreso de las familias se convirtió en el indicador habitual para establecer quiénes necesitaban apoyo del Estado y dónde debían concentrarse los programas sociales.
Sin embargo, una nueva medición oficial muestra que mirar solamente los ingresos deja fuera a una parte considerable de la población que tiene dificultades para acceder a una alimentación suficiente y de calidad.
Al cierre de 2025, el 30.5% de los peruanos —más de 10 millones de personas— enfrentó algún nivel de inseguridad alimentaria. Dentro de este grupo, poco más de un millón atravesó situaciones severas, caracterizadas por la falta recurrente de alimentos y la necesidad de reducir o suspender comidas.
Las cifras provienen del primer resultado del módulo de inseguridad alimentaria incorporado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática a la Encuesta Nacional de Hogares de 2025. La medición fue desarrollada con asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y emplea la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, conocida como FIES.
A diferencia de los indicadores que observan únicamente el ingreso o el gasto de los hogares, esta escala estudia directamente la experiencia de las personas: si tuvieron preocupación por quedarse sin alimentos, si redujeron la calidad de su dieta, si comieron menos de lo necesario o si pasaron días enteros sin ingerir alimentos por falta de recursos.
El hambre no siempre coincide con la pobreza monetaria
Uno de los principales hallazgos es que la inseguridad alimentaria no constituye un reflejo exacto de la pobreza monetaria.
Es cierto que ambos fenómenos se encuentran relacionados. Aproximadamente el 50% de las personas que viven en pobreza extrema también enfrenta inseguridad alimentaria. No obstante, el problema se extiende hacia otros grupos económicos.
La medición muestra que la inseguridad alimentaria también está presente en los sectores considerados más acomodados. En los estratos socioeconómicos A y B, su incidencia puede llegar hasta el 15%.
Este resultado rompe con la idea de que las dificultades para alimentarse pertenecen exclusivamente a las familias clasificadas oficialmente como pobres.
Una persona puede superar la línea de pobreza monetaria y, aun así, enfrentar dificultades para mantener una dieta adecuada. El costo de los alimentos, las deudas, la inestabilidad laboral, las enfermedades, el número de integrantes del hogar o los gastos imprevistos pueden reducir rápidamente la capacidad de una familia para comprar alimentos de calidad.
El ingreso mensual ofrece una parte de la explicación. Pero no siempre revela cómo distribuye una familia sus recursos ni qué sacrificios debe realizar para asegurar su alimentación.
Qué significa vivir con inseguridad alimentaria
La inseguridad alimentaria moderada aparece cuando las familias deben reducir la calidad o la cantidad de los alimentos que consumen.
En estos hogares, las personas pueden reemplazar productos nutritivos por alternativas más económicas, disminuir el tamaño de las porciones o prescindir de ciertos alimentos para extender el presupuesto disponible.
La inseguridad severa representa una forma más profunda de privación. Las familias pueden verse obligadas a saltarse alguna comida, reducir considerablemente su consumo o pasar un día entero sin comer.
El hambre, por tanto, no comienza únicamente cuando una persona deja completamente de alimentarse. También aparece cuando la dieta pierde calidad, cuando las comidas se vuelven insuficientes o cuando la preocupación por conseguir alimentos se transforma en una experiencia cotidiana.
Esta diferencia es importante porque permite observar un deterioro que los indicadores tradicionales pueden pasar por alto.
Un problema social que también reduce la productividad
La inseguridad alimentaria no es solamente un problema de bienestar social. También genera consecuencias económicas para el país.
La evidencia acumulada sobre la desnutrición infantil en el Perú ha mostrado sus efectos sobre la escolaridad, la capacidad cognitiva y la productividad laboral. Estas pérdidas pueden equivaler a varios puntos del producto bruto interno.
Una alimentación deficiente durante la infancia afecta el desarrollo físico y mental. Sus consecuencias pueden acompañar a la persona durante su etapa educativa y posteriormente limitar sus oportunidades en el mercado laboral.
El problema también afecta a los adultos. Un trabajador que no recibe una alimentación diaria suficiente puede presentar menor concentración, más ausentismo, menor resistencia física y una productividad inferior a su verdadero potencial.
Cuando esta situación alcanza a millones de personas, deja de ser únicamente una dificultad familiar y se convierte en una limitación estructural para el crecimiento económico.
Postergar las respuestas no representa una simple omisión ética. También es una decisión costosa para el país.
La Amazonía concentra los niveles más elevados
La mirada regional revela desigualdades profundas.
Loreto registra una incidencia de inseguridad alimentaria de 47%, la más alta del país. Le siguen Ucayali, con 37%, y Madre de Dios, con 34%.
Estas cifras muestran que el problema no depende exclusivamente de la pobreza monetaria. Madre de Dios resulta especialmente reveladora porque, pese a encontrarse entre las regiones con menor pobreza monetaria, presenta uno de los niveles más altos de inseguridad alimentaria.
La disponibilidad de ingresos no garantiza necesariamente el acceso constante a alimentos adecuados. La ubicación geográfica, los costos de transporte, el abastecimiento, la estructura productiva regional y la disponibilidad de alimentos frescos pueden influir de manera decisiva.
La Amazonía enfrenta, además, dificultades históricas relacionadas con conectividad, servicios básicos, presencia estatal y acceso a mercados. En esas condiciones, incluso una familia que no figura oficialmente como pobre puede encontrar serios obstáculos para mantener una alimentación estable.
Cajamarca muestra la otra cara de la relación
Cajamarca ofrece un contraste importante.
Aunque presenta la tasa de pobreza monetaria más alta del país, ocupa el noveno lugar en inseguridad alimentaria, con una incidencia de 32%.
El dato no significa que la situación alimentaria de Cajamarca sea favorable. Una tasa de 32% sigue representando un problema grave. Sin embargo, demuestra que las regiones no mantienen necesariamente la misma posición cuando se comparan pobreza monetaria e inseguridad alimentaria.
En algunas zonas rurales, las familias pueden acceder a determinados alimentos mediante la producción propia, las redes familiares o los mercados locales. Esto podría reducir parcialmente el riesgo de quedarse sin comida, aunque los ingresos monetarios continúen siendo bajos.
El ejemplo confirma que pobreza y hambre están conectadas, pero no son fenómenos idénticos. Cada una requiere instrumentos específicos de medición y respuestas diferenciadas.
Una brecha entre las ciudades y el campo
Los datos también muestran diferencias entre las zonas rurales y urbanas.
La inseguridad alimentaria moderada o severa afecta al 35% de la población rural y al 29% de la población urbana.
El campo registra una incidencia general más elevada. No obstante, las formas severas del problema resultan más agudas en las ciudades.
Esta aparente contradicción puede explicarse por las distintas formas de acceso a los alimentos.
En las zonas rurales puede existir mayor pobreza monetaria, pero algunas familias cuentan con producción agrícola, crianza de animales, intercambio comunitario o redes cercanas que les permiten obtener alimentos sin depender completamente del dinero.
En las ciudades, en cambio, la alimentación se encuentra más vinculada con el ingreso diario. Una persona que pierde el empleo o deja de recibir ingresos puede quedarse rápidamente sin capacidad para comprar comida.
La vida urbana ofrece mayor proximidad a mercados y establecimientos comerciales, pero esa disponibilidad no garantiza el acceso. Los alimentos pueden encontrarse cerca y, al mismo tiempo, resultar económicamente inaccesibles.
El diagnóstico debe transformar la focalización de la ayuda
La disponibilidad de nueva información no tendría sentido si se limita a una publicación estadística.
El primer paso consiste en utilizar la escala FIES como un criterio para identificar a las personas que necesitan apoyo alimentario.
Actualmente, programas como Qali Warma, Juntos y otras iniciativas de asistencia distribuyen sus recursos principalmente mediante indicadores de pobreza monetaria. Sin embargo, los nuevos datos muestran que este método puede dejar fuera a familias que padecen hambre sin estar clasificadas oficialmente como pobres.
La medición de inseguridad alimentaria debería cruzarse con los padrones sociales existentes. De esta manera, el Estado podría identificar los lugares donde la distancia entre pobreza monetaria e inseguridad alimentaria resulta más amplia.
Estas zonas deberían recibir una oferta diferenciada y adaptada a sus necesidades reales.
No todas las familias con inseguridad alimentaria requieren la misma intervención. Algunas pueden necesitar transferencias económicas; otras, acceso a comedores, alimentación escolar, apoyo productivo, mejores canales de abastecimiento o atención nutricional.
Una política efectiva necesita reconocer esas diferencias.
Una meta pública que pueda medirse
La información también debería utilizarse para establecer una meta nacional explícita.
El Poder Ejecutivo y el Congreso podrían adoptar un objetivo concreto, medible y sujeto a plazos, vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: Hambre Cero.
La continuidad del módulo de inseguridad alimentaria en las mediciones del INEI permitiría observar la evolución anual del problema y evaluar si las políticas implementadas producen resultados.
La estadística dejaría así de ser solamente una fotografía de la realidad y se convertiría en una herramienta para exigir responsabilidades.
El país necesita saber no solo cuántas personas padecen inseguridad alimentaria, sino también si el número disminuye, en qué regiones se registran mejoras y qué intervenciones muestran mayor efectividad.
Sin metas públicas, los diagnósticos corren el riesgo de acumularse sin producir transformaciones.
El Perú ya conoce el tamaño del problema
El país cuenta ahora con una medición más precisa de su situación alimentaria.
Más de 10 millones de peruanos enfrentan dificultades para acceder de manera estable a alimentos suficientes. Más de un millón vive formas severas del problema. La inseguridad alimentaria alcanza tanto a los hogares pobres como a grupos que se encuentran por encima de la línea oficial de pobreza.
Las cifras también muestran que el fenómeno adopta formas distintas según la región y el lugar de residencia. La Amazonía concentra niveles críticos, mientras que la comparación entre Cajamarca y Madre de Dios demuestra que los ingresos no explican completamente quién puede alimentarse adecuadamente.
El diagnóstico ya existe. La información está disponible y permite identificar con mayor claridad dónde se encuentran las brechas.
Lo que falta es convertir ese conocimiento en decisiones.
El hambre no se resuelve únicamente midiendo la pobreza. Se enfrenta reconociendo a las personas que reducen sus comidas, deterioran su dieta o pasan días sin alimentarse, aunque las estadísticas tradicionales no las clasifiquen como pobres.
El Perú ya puede ver con mayor precisión una realidad que durante años permaneció parcialmente oculta. Ignorarla, después de conocer su verdadera dimensión, tendría consecuencias humanas y económicas demasiado grandes.
Fuente principal: Trivelli, Carolina. El hambre que no queremos ver: 10 millones de peruanos en riesgo. Columna publicada en Diario Gestión. El presente artículo es un análisis y una adaptación periodística elaborada con fines educativos.
